Carlos Mönckeberg               Frank Thomas Smith
Dr. William L. Chapman (f)  

Cualquier reforma que se decida no puede tener el efecto deseado si no llega a la raíz del problema de la educación en el país y en el mundo: la dependencia de las instituciones escolares del estado político.

Si analizamos la evolución de las formas sociales en la historia, nos encontramos con tres elementos arquetípicos constitutivos de una sociedad organizada. El Estado propiamente dicho, o sea, el portador del elemento del derecho.

El sector que podríamos llamar cultural, y que abarca todas las manifestaciones de la vida religiosa, cultural, artística y educacional, ya que educar es, precisamente, poner a disposición del educando los contenidos de la cultura.

Y finalmente, el sector de la vida económica, portador de todos los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Si bien este esquema actual de un organismo social parece convincente, solo es aplicable al presente, y este presente es consecuencia de la precedente evolución histórica. Antiguamente, en la temprana época de la evolución de la humanidad, la organización social partía de una omniabarcante teocracia que, desde el vértice superior de la pirámide, por ejemplo el Faraón egipcio, gobernaba simultáneamente como representante de la divinidad y como señor secular.

Desde ese vértice todo era dirigido y regulado, tanto la vida religiosa como la relación entre los individuos entre sí, y entre los distintos estamentos, o sea lo jurídico o también la superficie a cultivar, épocas de siembra, etc., es decir, el aspecto Económico. Ejemplos de esta teocracia y de su organización las encontramos en toda la historia antigua, en América, y, como resabios de ese pasado, hasta en la reciente historia europea en las monarquías absolutistas que derivaban sus atributos y poderes del derecho divino.

En la época moderna aún persisten impulsos teocráticos transformados, reemplazándose el derecho divino como justificación del carácter absoluto y omniabarcante del estado monárquico, por conceptos más abstractos y menos comprensibles, tales como: "voluntad popular", "soberanía", u otros abyectos como "espíritu de raza", sólo por mencionar algunos. Sin embargo, la función del estado consiste hoy, en realidad, únicamente en garantizar la igualdad jurídica entre los hombres: "la igualdad del hombre ante la ley". Este aspecto recién surge en la historia de la humanidad, cuando la ley divina, la ley revelada, fue reemplazada por la ley humana, la ley legislada, principalmente en el Imperio Romano con el derecho que lleva su nombre.

Recién últimamente, a partir del nacimiento del industrialismo en occidente, surge el aspecto económico como un sector independiente dentro de la vida social, es decir, la ciencia económica al lado de la ciencia del derecho.

Un reflejo de toda esta evolución lo encontramos en la historia desde el siglo XVI, cuando el hombre en las luchas religiosas encuentra el camino hacia la libertad espiritual. En la revolución francesa busca afianzar su igualdad jurídica como ciudadano, y en las luchas sociales del siglo XX busca definir el carácter de las relaciones humanas con relación a la vida económica, luchas que aún no han terminado pero que no son materia de este trabajo.

Debería ser patrimonio de la conciencia de todos, que cualquiera de los factores que integran como formas o estructuras supra-individuales una sociedad organizada, y esta misma, se hallen al servicio del hombre y no este al de aquellas. Ni las estructuras que integran la vida espiritual-cultural-educativa, ni el Estado o la economía, existen por sí, sino únicamente en función de los seres humanos. Al ser humano hay que considerarlo como tal y no como "mero ciudadano" o "productor" o "consumidor", pues cada ser humano participa al mismo tiempo en los tres aspectos de la vida social, y cada uno de éstos se rige, por las leyes que le son intrínsecas.

Si el sector económico invade al estado político - ya sea a través de sus representantes, de intereses en los cuerpos legislativos, en el ámbito de la justicia, o en la administración - se vulnerará la "igualdad ante la ley", en beneficio de aparentes necesidades económicas.

Si lo económico invade el aspecto espiritual-cultural-educativo no considerará las necesidades individuales, por ejemplo, las del educando, sino que determinará la formación del educando en función de sus necesidades de producción, o bien, esclavizará la investigación, para ponerla al servicio no del bienestar y la evolución de la humanidad, sino de su propio enriquecimiento, como sucede hoy en todos los países llamados desarrollados.

El resultado es la expoliación de las riquezas naturales con aplicación de los resortes científicos, la destrucción del medio-ecológico y en definitiva, el cuestionamiento de la supervivencia del ser humano.

Si el sector político es el que invade al segmento espiritual- cultural-educativo, se convertirá a este último en expresión de la lucha por el poder político e ideológico, o indirectamente, del económico. Expresiones como “cultura aria" (en el Nacional Socialismo), "cultura popular", "cultura nacional", son manifestaciones de esa invasión, que impiden el surgimiento de lo único válido: cultura, sin aditamentos, siendo ésta la libre expresión de las facultades espirituales, culturales, artísticas y educacionales de cada ser humano individual.

De esto último resulta el único y verdadero requisito para educar: la idoneidad, que sólo puede ser ofrecida por la comunidad de educadores, no por un ministerio o una secretaría de Estado ni por ningún otro sector integrante del medio estatal-político.

En el curso de la historia fue necesario que el Estado tomara la responsabilidad sobre la educación para asegurar que ella estuviera al alcance de todos. Esta meta ha sido lograda y ahora es tiempo que el Estado confiera a la educación su libertad. El Estado es un ente político y tiene su tarea política, que es la de asegurar los derechos humanos y civiles. Toda persona tiene derecho a la educación y el Estado debe garantizar este derecho. Empero, el Estado no debe dirigir ni administrar la educación, tarea que no cae dentro de su esfera natural y para la cual es incompetente, hecho demostrado ampliamente por la situación de la educación en el país, Se tiende a mirar a otros países como modelos; en el caso de la educación esta mirada hacia afuera no nos sirve. El triste hecho es que la educación está en manos del Estado en el mundo entero y la educación mundial sufre, como consecuencia. ¿Son las escuelas suizas o alemanas, por ejemplo, buenos modelos, cuando el índice de suicidio de alumnos debido a la presión escolar es tan alto? De ninguna manera. Se preguntará: si el Estado no es el responsable de la educación ¿quién lo es? La respuesta es tan simple que resulta obvia: aquellos que educan. Y estos maestros y profesores - ¿están en condiciones de asumir esta tarea adicional? Quizás no de inmediato, pero por lo menos más que los burócratas políticos. Después de todo, son ellos quienes diariamente enseñan a los niños en las escuelas, quienes mejor conocen las necesidades pedagógicas y espirituales de los niños porque los conocen como personas reales y no como meras abstracciones estadísticas.

Idoneidad también significa fundamentalmente, conocimiento de aquello a lo que se dirige, por ejemplo, la actividad educacional, o sea, la del educando. De la objetiva observación y de la experiencia, extraerá el educador el conocimiento de las necesidades del educando, único parámetro para determinar el método y el contenido de la educación, y no una política educacional", término que en si mismo, es antinómico y aberrante.

De todo lo expuesto surge que, para que la actividad cultural- espiritual pueda desarrollarse orgánicamente, se requiere un ámbito de total libertad frente al estamento político-estatal y frente al sector económico.

La situación ideal seria que el cuerpo docente de cada escuela dirigiera su propia institución sin director. No obstante, si el cuerpo docente opina que un director es necesario, puede elegir a uno de sus integrantes para ejercer esta función. De esta manera, los docentes crecerían con su tarea y sabrían qué métodos pedagógicos aplicar sin que éstos fueran ordenados por algún ministro.

También significa, en el caso de la educación, que la misma se desvincule, administrativa y aun económicamente, del Estado, y se organice sobre la base de la autogestión, como un sector absolutamente independiente. La autogestión o autogobierno del sector educacional estaría en manos de aquellos que “conocen la materia", los idóneos, es decir, los educadores.

Cada escuela formaría una comunidad de educadores, o mejor dicho, una comunidad de educadores junto a una comunidad de padres, dando origen al movimiento de una escuela que determinaría la educación a impartir a los niños que concurren a la misma, sin injerencia de inspectores, ministerios ni ninguna otra entidad perteneciente al sector político-estatal.

Será difícil alcanzar la libertad educativa mientras el Estado sea dueño de las finanzas. Por lo tanto, es necesario cambiar el procedimiento económico también. Se podrán formar Comisiones Educativas Autónomas comunales y provinciales. Estas comisiones, compuestas por representantes del sector cultural y educativo de la sociedad, recibirán el dinero destinado para la educación en cada localidad y lo distribuirán según las necesidades de cada escuela. ¿De dónde provendrá este dinero? Básicamente es el mismo dinero generado por el trabajo del país que ahora es desviado a través del Estado y que iría en cambio directamente a las Comisiones Educativas. Cada comunidad debería participar directamente para asegurar los medios financieros para la educación en su localidad. Esta participación activa despertaría las fuerzas creativas individuales y colectivas de la sociedad. Se sobreentiende que las comunidades de mayor poder económico deberán compartir sus recursos con las menos favorecidas. Esto se podría coordinar a través de Comisiones Educativas regionales.

Sería ideal que cada institución educativa se autofinanciara en concordancia con la idea de la fraternidad en lo económico. Cada padre o estudiante debería aportar todo lo que su situación le permitiera aportar; cada maestro retiraría lo que sus necesidades determinaran. Para dar solución a las necesidades económicas de los colegios, sugerimos dos medidas posibles:

a) Todo lo que el presupuesto nacional, provincial o municipal prevé para mantener el sistema educativo, sea transferido automáticamente al sector educativo autónomo que, a través de sus propias administraciones dispone libremente de esos recursos, o
b) se emita un bono para cada niño en edad escolar, el que sería entregado a los padres, quienes a su vez, entregarían dicho bono en el colegio al cual, libremente, deseen enviar a sus hijos. Por su parte, el colegio canjearía ese bono ante el Estado, por dinero que el Estado percibe a través de la recaudación impositiva.

Este sistema (a o b), podría ser aplicado a todas las escuelas públicas que pasarían a ser administradas por los educadores respectivos, desligándose totalmente de la esfera del Estado. Podrían continuar existiendo las actuales escuelas privadas, pero deberían desaparecer gradualmente los subsidios estatales a las mismas, para permitírselas un sano desarrollo autártico. Este sistema de la libertad cultural-educacional, debería aplicarse a los tres niveles principales de la educación y de la enseñanza, ya que es el único que garantiza el pleno desarrollo de las capacidades creativas del individuo, y con ello, se constituye la base para la evolución sana del "Todo", del organismo social de una nación, de un pueblo.

En nuestro país ya existe un precedente de desvinculación parcial de los organismos educacionales de los entes gubernamentales. Se trata del régimen universitario que permite que las universidades - tanto estatales como privadas - dicten sus propios estatutos y se gobiernen por sí mismas, sin intervención de las autoridades públicas. Dicho régimen tiene positivos ingredientes de libertad espiritual, ya que son los claustros universitarios los que deciden por sí sus contenidos y métodos de enseñanza-aprendizaje, sin que se los impongan funcionarios gubernamentales. Pero esa libertad es solamente parcial, ya que los organismos gubernamentales mantienen su facultad de intromisión en el quehacer educacional de las universidades estatales, por tener el dominio de los recursos financieros. Las universidades estatales dependen para su desarrollo y progreso del presupuesto nacional, por lo que en ese sentido se advierte la influencia negativa de la esfera político-estatal y de la esfera económica sobre la vida espiritual.

Debe destacarse que, si bien la parte económica es importante, la esencia de la reforma es la liberación de la educación del estado-político e intereses ajenos al desarrollo integral del ser humano.

A través de la verdadera libertad de enseñanza se puede transformar el espíritu del país y presentar un modelo a un mundo desesperadamente necesitado de nuevos caminos.

* Este trabajo fue escrito en el año 1987 para la consideración del Congreso Pedagógico que estudiaba la reforma educativa. Obviamente no fue tomado en cuenta.